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A cuatro años de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, el gremio periodístico de Baja California condena la impunidad y opacidad con la que se han conducido las autoridades de procuración de justicia del Estado al no haber procesado a los autores intelectuales de ambos crímenes.
La falta de actuación por parte de la FGE para llegar hasta los autores intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros periodistas nos niega el derecho como sociedad a llegar a la verdad histórica y al derecho a la justicia.
A pesar de que desde 2022 existen carpetas de investigación que permitieron la condena de los autores materiales en ambos crímenes, la negativa de la FGE para continuar con las investigaciones exhibe la simulación con la que se conduce, ofreciendo una justicia a medios, sin llegar a los verdaderos motivos por los que ambos comunicadores fueron asesinados.
La Fiscalía General del Estado Baja California justifica su inacción bajo el argumento de que detuvo y sentenció a los asesinos materiales, algo que ocurrió hace casi más de tres años, lo que para nosotros es una postura conformista e inaceptable, ya que mantiene al gremio periodístico bajo riesgo y perpetúa el ciclo de impunidad, una característica en los crímenes de periodistas en nuestro país.
También exigimos que se continúen las investigaciones en el homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado hace más de 20 años, el 22 de junio de 2004 y cuya carpeta de investigación fue turnada de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Fiscalía General del Estado de Baja California, donde continúa en el mismo estatus de abandono.
Hoy cualquiera puede ordenar y pagar el asesinato de un periodista en Baja California.
También es claro que la Fiscalía General del Estado ha demostrado tener los recursos suficientes para llegar a fondo en las investigaciones, pero es evidente que falta voluntad para hacerlo en los casos de nuestros compañeros periodistas Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López y Francisco Ortiz Franco.
Por ello, exigimos a la Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, que actúe de verdad, que no se esconda detrás de discursos y que gire las instrucciones para que se continúen con las investigaciones que permitan identificar a la brevedad a las personas que ordenaron estos asesinatos y que respondan por ellos ante la justicia.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos le demandamos su intervención para vigilar e investigar la falta de debida diligencia y se garantice la atención a familiares de ambos comunicadores que hoy se quejan de falta de orientación e información sobre el acceso a la reparación del daño y avances en las investigaciones.
Porque justicia a medias no es justicia, es impunidad que lacera a la sociedad, a las familias de las víctimas y al gremio periodístico que hoy les dice que la justicia a medias no es justicia.
#YoSíSoyPeriodista
